Decenas de representantes de organismos civiles e iniciativa privada en Sonora alzaron la voz esta semana contra la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), liderada por el diputado federal de Morena, Pedro Haces, a quien acusan de solapar y hasta promover prácticas de presión, extorsión y amenazas en contra de la población productiva de dicha entidad.
En desplegados y comunicados emitidos a través de la prensa, señalaron con nombres y apellidos a personajes incrustados en la estructura de la CATEM, destacando a Carolina Lara Moreno, secretaria general del sindicato en Sonora, así como Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma. De acuerdo con los empresarios, estas personas habrían impulsado trámites irregulares de constancias de representatividad y utilizado emplazamientos a huelga como mecanismo de presión.
Según los empresarios y organismos civiles, el modus operandi se da de la misma forma que en la Comarca Lagunera: se presentan procesos laborales sin respaldo real de los trabajadores y, posteriormente, se exige a las empresas el pago de cuotas mensuales o montos económicos a cambio de retirar la amenaza de huelga. Los afectados consideran que estas acciones constituyen chantaje y desvirtúan el espíritu de la reforma laboral vigente desde mayo de 2019, diseñada para garantizar la libertad sindical y no para generar esquemas de cobro.
Cabe recordar que fue la semana pasada que se detuvo a Édgar “N” alias “El Limones”, quien se ostentaba como Secretario de Organización de la CATEM en Durango, además cercano al líder del mismo sindicato en Durango, Nassael Armando Cobián Duarte, quien hasta esta semana ha evitado brindar declaraciones públicas, aparecer en redes sociales o dar declaraciones ante los medios de comunicación.
Los denunciantes subrayan que no se trata de hechos aislados. Aseguran que existen antecedentes en entidades como Coahuila y Durango, donde —según su versión— el mismo esquema comenzó con presiones graduales y derivó en conflictos de mayor gravedad.
Ante tal situación, exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum; al secretario de Seguridad Pública Federal y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como a la fiscal general de la república, Ernestina Godoy, que se ejecuten las indagatorias necesarias para parar el acoso y detener a quienes resulten responsables.